Barba Tamayo, Edison Paúl

 

 

Lunes. 03 de febrero 2025.

Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a Ergo Académico por facilitar este valioso espacio destinado a compartir ideas y reflexiones en el ámbito del Derecho, y en esta ocasión abriendo las puertas al campo administrativo. De esta manera no solo promueve el diálogo entre profesionales y académicos, sino que también fomenta el intercambio de conocimientos cruciales para el desarrollo y la mejora continua de nuestras prácticas en la gestión institucional.

La administración pública, como ente encargado de los intereses del Estado y de garantizar el bienestar de la sociedad, se enfrenta a desafíos constantes en su trabajo. Uno de los conceptos más relevantes en este contexto es la autotutela de la legalidad, que permite a las instituciones públicas corregir, anular o modificar sus propios actos administrativos. Sin embargo, este poder, aunque esencial, debe ejercerse con responsabilidad y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. La autotutela de la legalidad se puede entender como la capacidad que tiene la administración pública para actuar por sí misma en la corrección de sus actos, incluyendo la posibilidad de anular o modificar decisiones que contengan errores. En el caso ecuatoriano, este principio se encuentra respaldado por la normativa vigente, que otorga a la administración un margen de acción para garantizar la legalidad y la buena gestión.

Este concepto se basa en la premisa de que la administración pública tiene el derecho y la obligación de mantener el orden y la legalidad, sin necesidad de intervención judicial. Sin embargo, este privilegio no es absoluto. La administración debe actuar dentro del marco legal y respetar los derechos de los administrados. El ejercicio de la autotutela de la legalidad puede ser visto como un «súper poder» de la administración pública. No obstante, esta percepción debe ser matizada, ya que, aunque permite una gestión más ágil y eficiente, también conlleva riesgos significativos. La administración, al actuar de forma unilateral, puede vulnerar derechos fundamentales, generar arbitrariedades y, en última instancia, minar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Por ejemplo, al no requerir la autorización de un órgano jurisdiccional para corregir una actuación, la administración puede caer en la tentación de abusar de este poder, tomando decisiones que no consideran adecuadamente los intereses de los administrados. Este riesgo de desequilibrio de poder es uno de los aspectos más críticos que deben ser considerados al analizar la autotutela.

Para evitar abusos, es fundamental que existan regulaciones claras que delimiten el uso de la autotutela de la legalidad. La normativa debe establecer procedimientos transparentes y garantistas que aseguren que las decisiones administrativas se tomen con base en criterios objetivos y justificados. Esto no solo protege a los administrados, sino que también fortalece la legitimidad de la administración pública. La implementación de mecanismos de control interno, así como la posibilidad de revisión judicial, son herramientas que pueden ayudar a contrarrestar el potencial abuso de la autotutela. Estos mecanismos no solo garantizan la legalidad, sino que también promueven una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas en la administración pública.

Otro aspecto relevante es la necesidad de formar y capacitar a los servidores públicos en el uso adecuado de la autotutela de la legalidad. Una administración bien informada y entrenada es menos propensa a cometer errores y más capaz de tomar decisiones que se alineen con los principios de legalidad y justicia. Esto es especialmente relevante en contextos donde la normativa puede ser compleja y su interpretación variada. La capacitación no solo debe centrarse en la normativa legal, sino también en ética, principios de buena administración y derechos humanos. De esta manera, se puede fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia y la justicia en la toma de decisiones.

La autotutela de la legalidad es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede contribuir significativamente a la eficiencia y eficacia de la administración pública. Sin embargo, su ejercicio debe ser siempre equilibrado con el respeto a los derechos de los administrados y al marco legal establecido. En este sentido, es fundamental que las instituciones públicas adopten un enfoque proactivo en la regulación y control del uso de la autotutela, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la capacitación de sus servidores. Solo así se podrá garantizar que esta figura jurídica cumpla su propósito de fortalecer el Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La autotutela de la legalidad no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar una administración pública más justa, eficiente y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos. En un mundo donde la desconfianza hacia las instituciones va en aumento, es imperativo que la administración pública actúe con la mayor responsabilidad y ética posible, asegurando que cada decisión se tome con el bien común en mente. Por ello, invito a la comunidad jurídica del Ecuador a reflexionar sobre la importancia de construir una administración pública de calidad, que no solo respete, sino que también promueva los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro donde la justicia, la legalidad y el respeto por la dignidad humana sean pilares fundamentales en nuestra gestión pública. Agradezco nuevamente a Ergo Académico por ser un catalizador de estas importantes discusiones.

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