Beatriz Rodríguez.
Lunes, 31 de abril 2025.
Ecuador enfrenta desde hace algunos años la que es, probablemente, la amenaza más grande de su corta historia republicana: la delincuencia organizada transnacional. La crisis en que han caído las democracias constitucionales de posguerra (ampliamente analizadas por autores como Ferrajoli), sumada al proceso globalizatorio que atraviesa –o venía atravesando- el mundo, generó un ambiente propicio para que las organizaciones criminales, quienes han sido capaces de aprovechar la posibilidad de establecer y diversificar sus actividades criminales en varias jurisdicciones.
Al incidir de forma negativa en la seguridad pública, las instituciones democráticas y el desarrollo económico, el crimen organizado se configura como una amenaza real a la estabilidad social y a la seguridad nacional de los Estados. A su vez, el crecimiento acelerado de las dimensiones nacionales e internacionales de la criminalidad organizada ha conducido a los Estados a reevaluar y reformular el papel de los sistemas penales nacionales y la cooperación internacional en materia penal, debido a que los efectos de estos delitos se exteriorizan en sus manifestaciones transnacionales.
Es preciso entender que las formas de delinquir se diversifican conforme avanza la sociedad y las formas delictivas que mayor diversificación y tecnificación han sufrido son las vinculadas a la criminalidad organizada transnacional, por lo que ya no nos es posible centrar las discusiones en torno al derecho penal nuclear y en la delincuencia común. Por lo mismo, es preciso contar con normas, mecanismos sancionatorios y políticas públicas vanguardistas capaces de refrenar la comisión de estas nuevas formas delictuales.
La criminalidad organizada, en su proceso de tecnificación y diversificación, ha adoptado técnicas y estructuras similares a las de empresas, es decir, existe una división de funciones, una cadena de mando y de producción que les permiten cruzar las fronteras y generar cuantiosas ganancias económicas, lo que les otorgan un importante poderío material que les da la posibilidad de enfrentar directamente a las estructuras estatales.
En este sentido, el panorama regional latinoamericano, en general; y, en específico, la experiencia ecuatoriana, hace visible un escenario en el que el crimen organizado a gran escala ha sustituido dramáticamente a la delincuencia común y otras formas de aparición del delito, comprometiendo la seguridad pública, y posicionándose como el principal desafío frente al monopolio estatal de la violencia legítima. En efecto, diversos grupos de delincuencia organizada han desarrollado un alto nivel de capacidad militar, que, de forma alarmante, se acercan a superar las respuestas policiales y de seguridad nacional de varias naciones.
Frente a esto, es preciso señalar que si no se combate la delincuencia organizada y no se persigue eficazmente a los grupos delictivos organizados desde un enfoque innovador e integral, se corre el riesgo de que los valores éticos y morales, los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, e incluso la misma estructura jurídica del Estado de derecho se vean profundamente afectados.
Debido a su diversidad, complejidad y facilidad para ocultarse, el crimen organizado plantea desafíos críticos con respecto a los medios para crear e implementar una política criminal eficiente y políticas públicas eficaces para enfrentar este fenómeno criminal. Por esto, para responder integralmente al crimen organizado es indispensable comprender su esencia, origen, evolución y situación actual, analizando, sobre todo, cada uno de los ámbitos de incidencia de este fenómeno.
El crimen organizado representa un desafío significativo para los Estados, debido a su diversidad y complejidad. Para abordarlo de manera efectiva, es crucial comprender su naturaleza, origen y evolución, así como identificar áreas prioritarias de intervención, ya que la sociedad demanda respuestas inmediatas del aparataje Estatal, lo que implica esfuerzos sustanciales para combatir la delincuencia organizada en todas sus formas.
En este sentido, para combatir el crimen organizado, se han desarrollado estrategias más allá de la privación de la libertad, como la recuperación de activos ilícitos. La extinción de dominio y el comiso son herramientas legales que permiten al Estado recuperar bienes obtenidos ilegalmente, atacando así las economías criminales. Estas figuras jurídicas han ganado relevancia en los últimos años como parte de las estrategias internacionales para desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado.
Se debe recordar que el crimen organizado se caracteriza por su finalidad económica, es decir, su estructura y sus actividades tienen como objetivo el obtener réditos económicos; y, es este sentido, esas ganancias resultan para ellos lo fundamental de su actividad. Por lo mismo, los mecanismos de recuperación de activos resultan especialmente importantes para el combate al crimen organizado, pues permiten al Estado atacar a la organización donde le duele: sus recursos económicos.
